El zarpazo de la crisis económica y la carencia de recursos para sobrevivir no pueden ser justificación para la comisión de delitos. Y mucho menos la demagogia política de un alcalde y diputado que asalta supermercados disfrazando su robo de acción justiciera.
Juan Manuel Sánchez Gordillo, trasnochado gerifalte municipal de Marinaleda, considera que apropiarse de mercancía de un establecimiento sin pagar la factura es “un acto de desobediencia civil” que le transmuta en Robin Hood cuando, en lo único en lo que le convierte es en un chorizo. Además, se permite la vanidad de arrogarse la prebenda de la impunidad, asegurando que su arresto “supondría una vuelta al franquismo”.
La “valiente” iniciativa de este personaje ha generado ya el temido efecto de imitación y unos jóvenes no tardaron en asaltar un establecimiento en el barrio sevillano de Torreblanca, reclamando el mismo trato que el diputado comunista.
Flaco favor hace a los ciudadanos el Sindicato Agrario de Trabajadores si justifica el expolio como fórmula para combatir la necesidad. Y difícil papel el del PSOE si no reprueba a Izquierda Unida, su socio de Gobierno en Andalucía, por enarbolar la enseña del bandolerismo.
Si José Antonio Griñán adelgazase los privilegios de los dirigentes de la Junta de Andalucía o rebajase las suculentas subvenciones que reparte entre sus afines, generaría un ahorro capaz de llenar millones de carritos de la compra que aliviarían las estrecheces de los más necesitados.
Poner en peligro la propiedad privada, fomentar el saqueo y justificar el robo no es la mejor actitud para un representante de los ciudadanos que, habiéndose comprometido a acatar la Constitución, tiene la obligación de respetar la ley y exigir su cumplimiento.
Quien no esté dispuesto a hacerlo, que entregue su acta de diputado y su sillón de alcalde, abandone la política y renuncie a los beneficios que le otorga su cargo. Que no se llame a sí mismo servidor público. Hay otra palabra que le define mejor.
¿Los anónimos no cogéis vacaciones? Qué sinvivir, comentar sin nombre y apellidos en blogs a la deriva, así, sin venir a cuento. ¿Te ha gustado el vídeo de Refused? A ver... La acción del SAT es simbólica y reivindicativa, es una llamada de atención para que la sociedad compruebe cómo unos delitos son más perseguidos que otros. Obviamente Sánchez Gordillo y compañía conocen las consecuencias de sus actos, y saben que van a ser perseguidos (desproporcionadamente, en comparación con otros robos supuestamente legales, pero profundamente inmorales, como los cometidos por otros políticos y banqueros). Ése es el objetivo, evidenciar eso. Una cosa es la legalidad y otra bien distinta la justicia. Los paraísos fiscales son legales (por ahora). La desobediencia civil consiste precisamente en desobedecer aquellas disposiciones que se consideran injustas para provocar un cambio, apechugando con todas las consecuencias personales. Por poner un ejemplo, hace pocos años muchos chavales iban a prisión por negarse a hacer el servicio militar obligatorio. Cuando la mili dejó de ser obligatoria (gracias a la presión social y a la lucha de muchas personas), la insumisión dejó de ser un delito. Sánchez Gordillo, cuando juró el acta de parlamentario andaluz, se declaró insumiso frente a la dictadura de los mercados, así que no me sorprende que cumpla su promesa. Tampoco me sorprende que otros políticos juren sobre la Constitución y después se la pasen por el forro, fíjate. Lo que no me parece bien es que en este tipo de acciones se utilice la violencia. Las imágenes del empujón a la trabajadora del Mercadona me llenan de tristeza, sobre todo porque conozco a la persona que lo da. Saluditos.
2 comentarios:
El zarpazo de la crisis económica y la carencia de recursos para sobrevivir no pueden ser justificación para la comisión de delitos. Y mucho menos la demagogia política de un alcalde y diputado que asalta supermercados disfrazando su robo de acción justiciera.
Juan Manuel Sánchez Gordillo, trasnochado gerifalte municipal de Marinaleda, considera que apropiarse de mercancía de un establecimiento sin pagar la factura es “un acto de desobediencia civil” que le transmuta en Robin Hood cuando, en lo único en lo que le convierte es en un chorizo. Además, se permite la vanidad de arrogarse la prebenda de la impunidad, asegurando que su arresto “supondría una vuelta al franquismo”.
La “valiente” iniciativa de este personaje ha generado ya el temido efecto de imitación y unos jóvenes no tardaron en asaltar un establecimiento en el barrio sevillano de Torreblanca, reclamando el mismo trato que el diputado comunista.
Flaco favor hace a los ciudadanos el Sindicato Agrario de Trabajadores si justifica el expolio como fórmula para combatir la necesidad. Y difícil papel el del PSOE si no reprueba a Izquierda Unida, su socio de Gobierno en Andalucía, por enarbolar la enseña del bandolerismo.
Si José Antonio Griñán adelgazase los privilegios de los dirigentes de la Junta de Andalucía o rebajase las suculentas subvenciones que reparte entre sus afines, generaría un ahorro capaz de llenar millones de carritos de la compra que aliviarían las estrecheces de los más necesitados.
Poner en peligro la propiedad privada, fomentar el saqueo y justificar el robo no es la mejor actitud para un representante de los ciudadanos que, habiéndose comprometido a acatar la Constitución, tiene la obligación de respetar la ley y exigir su cumplimiento.
Quien no esté dispuesto a hacerlo, que entregue su acta de diputado y su sillón de alcalde, abandone la política y renuncie a los beneficios que le otorga su cargo. Que no se llame a sí mismo servidor público. Hay otra palabra que le define mejor.
¿Los anónimos no cogéis vacaciones? Qué sinvivir, comentar sin nombre y apellidos en blogs a la deriva, así, sin venir a cuento. ¿Te ha gustado el vídeo de Refused? A ver... La acción del SAT es simbólica y reivindicativa, es una llamada de atención para que la sociedad compruebe cómo unos delitos son más perseguidos que otros. Obviamente Sánchez Gordillo y compañía conocen las consecuencias de sus actos, y saben que van a ser perseguidos (desproporcionadamente, en comparación con otros robos supuestamente legales, pero profundamente inmorales, como los cometidos por otros políticos y banqueros). Ése es el objetivo, evidenciar eso. Una cosa es la legalidad y otra bien distinta la justicia. Los paraísos fiscales son legales (por ahora). La desobediencia civil consiste precisamente en desobedecer aquellas disposiciones que se consideran injustas para provocar un cambio, apechugando con todas las consecuencias personales. Por poner un ejemplo, hace pocos años muchos chavales iban a prisión por negarse a hacer el servicio militar obligatorio. Cuando la mili dejó de ser obligatoria (gracias a la presión social y a la lucha de muchas personas), la insumisión dejó de ser un delito. Sánchez Gordillo, cuando juró el acta de parlamentario andaluz, se declaró insumiso frente a la dictadura de los mercados, así que no me sorprende que cumpla su promesa. Tampoco me sorprende que otros políticos juren sobre la Constitución y después se la pasen por el forro, fíjate. Lo que no me parece bien es que en este tipo de acciones se utilice la violencia. Las imágenes del empujón a la trabajadora del Mercadona me llenan de tristeza, sobre todo porque conozco a la persona que lo da. Saluditos.
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